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El Certificado Energético en las Comunidades de Propietarios, necesario para vender o alquilar los inmuebles. Qué es, dónde y cómo se pueden adquirir
18 septiembre, 2014
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Cronicas

Se puede definir al administrador de fincas como “aquella persona que ejerce, por cuenta de terceros, una actividad de gestión de propiedades o derechos inmobiliarios, o de administración de propiedades inmobiliarias en copropiedad”. Hay dos términos a destacar: terceros y derechos.

Pero más importante que la definición que podamos encontrar en una enciclopedia o circulando por internet, es el indudable impacto social que reviste nuestra profesión, que siempre ha de velar por proteger los derechos e intereses de grupos personas conviviendo en régimen de copropiedad y tratando, por tanto, directamente con un valor de primera clase como es el hogar (y entorno del mismo) de los ciudadanos. Y algo tan importante no puede ser dejado en manos de cualquiera.

Con todos los respetos, administrar comunidades no es como vender productos “made in China” a granel, no es solo cobrar los recibos y hacer las cuentas. Es mucho más: tener la formación adecuada en cada una de las variadas parcelas de conocimiento que encierra esta profesión (derecho, contabilidad, ingeniería, inmobiliaria, fiscalidad, etc) y aplicarlas con cuidado y detalle a cada uno de nuestros clientes.Apostar por la formación permanente y ofrecer cada día un mejor servicio a los administrados es incompatible con el “low cost”.

La libre competencia es dura y a la vez beneficiosa, pues estimula a superarse a uno mismo, pero una cosa es la competencia “positiva” y otra muy diferente –y dañina, en primer lugar, para el consumidor- la negligente competencia desleal. “Administramos su comunidad por 2 euros”, “si nos contratas, el primer mes sale gratis”; son algunos de los burdos mensajes que nos podemos encontrar con sólo echar un vistazo en internet o, lo que también empieza a ser frecuente, en la propia calle en boca de un chico trajeado que pretende aparentar (quedándose sólo en eso, apariencia) que es un profesional, con la única intención de coger comunidades a cualquier precio, sabiendo que no podrán prestar un correcto y adecuado Servicio y/o sabiendo que otros determinados Servicios los cobrará aparte. Estos “Administradores de Fincas” (por llamarlos de alguna forma) saben que sus falta de conocimientos y limitaciones profesionales solo pueden ser suplidas con presupuestos irrisorios, ridículos, engañosos y absurdos. Nuestro sincero consejo es que no se deje llevar por la trampa de lo muy barato, ya que muchas veces no incluyen todos los servicios que debieran o los cobran aparte, o no incluyen temas jurídicos, laborales, fiscales, etc., o bien para cubrir tales actuaciones se tienen que contratar a otros profesionales distintos, etc., por lo que al final y a la larga la administración y gestión de la comunidad sale más cara. Todos sabemos que los refranes españoles encierran verdades como puños, y no les falta razón a los conocidos “lo barato sale caro” o el que me dice muchas veces mi madre “nadie da duros a pesetas”. Todos sabemos el esfuerzo que conlleva nuestro trabajo (cada uno en su profesión), y, por tanto, le da el valor que considera que tiene. Si alguien ofrece su trabajo a 1 euro, es que sabe que vale 1 euro, ni más ni menos. Está claro que en tiempos de crisis todos debemos apretarnos el cinturón, pero no engañar a los clientes.

“No siempre reducir es lo acertado”, afirma el propio Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, que ha denunciado esta situación y defiende una retribución económica acorde con los servicios que se prestan a las Comunidades de propietarios, aparcamientos, mancomunidades, entidades urbanísticas de conservación, etc.

El coste que supone el administrador es un desembolso considerable que afrontan las comunidades de vecinos, pero también uno de los más rentables si éste realiza sus tareas con profesionalidad y capacidad. ¿Por qué? Un verdadero profesional de la Administración de Fincas hace una gestión eficaz y eficiente, prioriza los intereses de los convecinos, asesora con exactitud y profesionalidad, evitando así sanciones administrativas, consiguiendo sentencias judiciales favorables a la comunidad, ventajas fiscales, encuentra la concordia entre vecinos, genera confianza, etc. que al final redundan en un ahorro neto y la buena marcha del colectivo vecinal.

Afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos son gente cabal y seguro que sabrán diferenciar un profesional entregado de un charlatán con ánimo de desprestigiar la profesión.